Encuadre. Por: José Felipe Medina
En los últimos días la conversación mayoritariamente digital se ha centrado en temas como los derechos de las audiencias, la libertad de expresión y la censura, impulsados desde Palacio Nacional.
Litros de saliva y de horas frente a los dispositivos electrónicos y medios tradicionales se han gastado para tratar de convencer, comprender y abordar dichos temas, ahora sometidos a una amplia consulta nacional, como se ufana en puntualizar la presidenta Sheinbaum.
La propuesta gubernamental contempla, entre sus ejes principales, obligar a los medios a distinguir claramente entre noticias y opiniones, identificar la publicidad comercial con marcas específicas (como el símbolo “P” en televisión o avisos verbales en radio) y establecer códigos de ética junto con la figura obligatoria de un defensor de las audiencias.
El Ejecutivo Federal ha reiterado que el objetivo es fomentar la autorregulación y no censurar contenidos editoriales o multar a periodistas, buscando “proteger” a la ciudadanía de vicios ocultos -y otros no tantos- de los medios de comunicación.
Como si los mexicanos fuéramos unos tarados menores de edad.
Es por eso que los detractores de esta propuesta consideran que los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias impulsados desde el gobierno pretenden imponer una “ley mordaza” y coartar la libertad de expresión en México, con altos riesgo de censura y autocensura, multas y amedrentamiento a concesionarios de radio y televisión, control de la agenda informativa y la falta de autonomía de los organismos encargados de vigilar y aplicar estas normas, amén de la intervención gubernamental.
Al margen de las visiones encontradas, vaya que toda esta discusión generada se ha convertido en un gran distractora de los graves problemas que padece nuestro país como la inseguridad, la economía y la relación bilateral con Estados Unidos, tal como lo apuntaba en anterior despacho.
Y por lo visto, satanizar los dichos de periodistas y/u opinadores, aunque sea de forma descontextualizada y con data de muchos años atrás, es un buen soporte para mantener el chismerío nacional en todo lo alto.
Mire usted, como yo lo percibo: nuestra científica se ha aferrado en convertirse en una “niñera comunicacional” de todas y todos los sufridos mexicanos, al trata de obligar a los medios de comunicación a autorregularse mediante la creación de un defensor interno de las audiencias, que actuaría algo así como un juez mediador entre los intereses comunicacionales de las empresas periodísticas y las audiencias.
No es mala la idea, bajo lineamientos sumamente puntuales, aunque algunos creen que se trata de un acto de censura, atentatorio a la libertad de expresión. Otros, un dique de contención a tantas mentiras y fake news que circulan en los medios.
De hecho, en la modificación más reciente al Artículo 82 que regula la obligación documental de los medios públicos de radio y televisión, se asentó la necesidad de nombrar a un Defensor de las Audiencias. Como director de Comunicación de la Universidad de Sonora, 2017-2021, me tocó, por primera vez, llevar a cabo ese proceso. Igual sucedió en Radio Sonora y en Telemax, como entes públicos.
¿Qué sucedió? Nada. Un mecanismo que contemplaba la ley y que en la práctica resultó una figura más bien decorativa: a muy pocos les interesó hacer uso de esa herramienta…o quizá no resultó necesaria.
Entiendo que la principal preocupación de los receptores de estas propuestas es la intervención del gobierno y su marro ejecutor para premiar/castigar el “comportamiento” de los empresarios y periodistas de radio y televisión, a sabiendas que su operación requiere del otorgamiento de una concesión a cargo de ¿quién cree?, pues sí, del gobierno.
Ahora, la interrogante punzante: ¿quién regulará y sancionará los dichos de la doctora Sheinbaum cuando en televisión nacional, en vivo y a todo color, en su cada vez más enredada Mañanera le dé por disfrazar la realidad -por no decir “mentir” – y lanzar acusaciones sin fundamento?
Por ejemplo, el pasado miércoles, en su conferencia de prensa, habló del “chayote” y de los medios que dice que no quieren a su gobierno y que por lo tanto no tienen contrato publicitario con ellos.
“Nosotros no le damos dinero a un periodista, a un reportero, para que diga lo que queremos que diga”, dijo sin el menor pudor.
¿Es en serio, Presidenta?, ¿y Vicente Serrano?, ¿y Liz Vilchis?, ¿y Lord Molécula?, ¿y Nancy Flores?, ¿y todos los “reporteros” que se dedican a diario a echarle loas en La Mañanera y que se sabe cobran fuertes cantidades de dinero pagado con el erario?
No creo que desconozca cómo actúan “sus” medios afines, Doctora, puesto que el tal Serrano, lo recordará Usted, casi casi le pidió un incremento al “chayote” en televisión nacional, en vivo y a todo color, durante una rueda de prensa. El mismo que tres doritos después hablaba de ética periodística en el mismo espacio.
El halago, la zalamería y la “colaboración” con el gobierno no son gratuitas.
Ya lo vimos en la reciente lista filtrada de convenios económicos entre empresas periodísticas y el Ejecutivo de Sonora.
ENCUADRE DE IRRESPONSABILIDADES
Dicen que reconocer un problema es el primer paso para resolverlo.
Y las autoridades del ISSSTE no quieren dar su brazo a torcer y reconocer que el hospital “Fernando Ocaranza” en Hermosillo, ya es inoperante y representa un peligro para sus trabajadores y derechohabientes.
Tratar de minimizar los resultados de la inspección extraordinaria de la infraestructura del nosocomio por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil y las 42 observaciones por su mal estado, ya raya en el cinismo y una criminal irresponsabilidad.
En un comunicado, Martí Batres y sus huestes dicen que la inspección de Protección Civil no corresponde a un dictamen técnico definitivo ni a una resolución final sobre la autorización y revalidación del Programa Interno de Protección Civil de la unidad médica.
En respuesta, los trabajadores del nosocomio le responden que resulta incorrecto minimizar el contenido del acta de inspección en donde se da cuenta de graves fallas en la infraestructura, seguridad, sistemas eléctricos y contra incendios, y rutas de evacuación.
Total: el ISSSTE sigue empeñado en tapar el sol con un dedo, negándose a reconocer que el hospital ya no cumple con su función.
En tanto, nadie acierta a decirnos cuando será clausurado, producto de la revisión de Protección Civil.
ENCUADRE PUNZANTE
1). Pese a los denodados esfuerzos por permanecer en la imaginaria colectiva utilizando sus posiciones en el gobierno del Estado, ni Paulina Ocaña ni Fernando Rojo de la Vega repuntan en las mediciones como aspirantes a una candidatura guinda y aliados a la alcaldía de Hermosillo…o a lo que sea. Siguen al frente de las preferencias Wendy Briceño y Norberto Barraza; la primera, morenista por los cuatro costados, y el segundo, mas bien convenenciero y advenedizo al movimiento cuatrotero. Como diría mi colega y amigo Martín Romo: “de ese pelo”.
2). Sin confirmar, pero llegan informes a esta elegante mesa de redacción que dan cuenta al menos de un caso de cyclosporiasis o “diarrea loca” en Sonora, contraído en Estados Unidos. Por aquello de las recochinas dudas, no es un tema de alarma pero sí de mantener medidas higiénicas para evitar contagios.
3). Un nuevo frente abre la Fiscalía General de Justicia tras la detención de quien se desempeñara como recepcionista del “Doctor Vitaminas”, Maximiano Verduzco Soto. De acuerdo a lo trascendido, Daniel Flores es acusado de narcomenudeo, lo que sus familiares rechazan terminantemente. No querría pensar ni por un momento que dicha aprehensión esté relacionado con el caso del doctor prófugo de la justicia y presunto responsable de la muerte de ocho sonorenses.
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