Mtro. Jesús Antonio García Ramírez. Politólogo
1. Consideraciones previas
Para entender la política real en el México de hoy, debemos dejar de lado los discursos técnicos y mirar lo que verdaderamente mueve a las personas: los símbolos, los colores y el orgullo de pertenecer a una nación. La política no se hace con fórmulas económicas abstractas, se hace con la identidad y el corazón de la gente.
Históricamente, el régimen anterior utilizó los colores de la bandera y los símbolos patrios como si fueran su propiedad exclusiva, dejando a los ciudadanos fuera de su propia narrativa histórica. La Cuarta Transformación (4T) rompió ese molde y devolvió el sentido de patria y de orgullo popular a los sectores que habían sido olvidados.
Sin embargo, este cambio ha abierto un debate de fondo que los ciudadanos deben conocer: cuando surgen nuevas agrupaciones políticas que intentan usar los nombres, los colores tradicionales o los conceptos colectivos del país para registrar sus partidos, las leyes electorales intervienen. El dilema real no es un simple trámite burocrático, es definir cómo proteger la identidad de todos los mexicanos para que siga siendo un terreno parejo y nadie la use como una ventaja injusta.
2. A manera de reflexión
Cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) pone un alto a agrupaciones políticas que intentan registrar nombres o logotipos que evocan a la totalidad de la nación o que utilizan colores fuertemente arraigados en la identidad pública, lo hace porque intenta regular algo muy sencillo: el patrimonio que es de todos no puede ser usado como si fuera de un solo grupo político. Se busca que lo que todos los mexicanos sentimos como propio no sea monopolizado.
La explicación real de esto es que el patrimonio no es de un partido, es colectivo para un beneficio particular. Las reglas del arbitraje electoral buscan que ningún partido se adueñe del orgullo nacional, que no se ponga en la boina de todos y que ningún partido, nuevo o viejo, pretenda presentarse como el único y absoluto dueño de los colores de la nación. Esta postura defiende que la neutralidad en los símbolos es lo que garantiza que los ciudadanos elijan con libertad y no por una manipulación visual.
Por otro lado, la realidad nos demuestra que la identidad de un pueblo no puede congelarse por decreto ni se puede encerrar en una oficina de gobierno. Quienes defienden una postura más abierta explican que la identidad de un pueblo no se puede congelar por decreto y que si los símbolos viven y se transforman con él. Desde esta perspectiva constructiva, el hecho de que la ciudadanía y las nuevas organizaciones busquen identificarse con los colores y los conceptos de lo colectivo, es una señal de que la política se ha vuelto a conectar con el sentimiento popular, impidiendo de forma natural que la gente se aleje de la política.
Es decir, la política no es una ley que aleja a los ciudadanos de la participación pública. El debate profundo, entonces, no es si se cumple o no una ley, sino cómo permitir que el pueblo exprese su identidad política sin que las estructuras burocráticas actúen como un freno a la libre organización.
3. Consideraciones finales
La regulación de los símbolos políticos en el México actual nos deja una gran lección enseñable: la verdadera democracia no se construye con prohibiciones de escritorio, sino reconociendo que los símbolos nacionales son propiedad viva del pueblo. El gran avance democrático de nuestro tiempo no es solo el orgullo nacional, y regresarle a la gente el protagonismo de su propia historia, terminando con la vieja costumbre donde unos cuantos decidían qué significaba ser mexicano.
El reto para nuestras instituciones electorales ya no es aplicar el reglamento de forma rígida para proteger el orden del pasado, sino entender que el México de hoy exige una democracia participativa donde los símbolos unifiquen en lugar de dividir.
Analizar este conflicto con la frente en alto y sin distracciones teóricas nos permite ver que la equidad en las elecciones y el entusiasmo popular no tienen por qué chocar. Las reglas deben existir para evitar abusos y ventajas tramposas, pero nunca para que la autoridad, el derecho, la gente y el organismo bajen los brazos porque representan sus causas reales. Al final del día, los colores de la patria no se deciden en una mesa de votación de un instituto, se ganan y se defienden ganando el corazón de la ciudadanía en las calles.
