Sin Medias Tintas. Por: Omar Alí López Herrera.
Tres cosas me regresan a la tinta: El aireado reclamo de mis amigos Carlos Moncada y E. Fierros por no recibir mis escritos, y la charla de pasillo sobre política con mi maestra A. Serrano.
Sigo defendiendo la idea de que la impunidad es el principal problema de México.
El derecho clasifica toda conducta en dos casilleros: prohibido y permitido; no hay tercero. Quien crece bajo un sistema jurídico aprende esa gramática antes de saber leerla. De hecho la aplica sin pensarla y frente a cualquier pretensión ajena se pregunta lo mismo: ¿Estoy obligado? Si la respuesta es no, concluye que no hay conflicto. El otro puede reclamar lo que quiera; pero mientras no exista una norma que lo respalde, su reclamo no cuenta. Esa es la primera trampa.
La política vive del mismo mecanismo. El ciudadano no discute el contenido de las leyes porque las percibe resueltas de antemano. Alguien más las hizo y las aplica. El terreno donde se decide qué es justo parece ajeno, técnico y reservado a los que saben. El voto queda como el único gesto disponible, y ni siquiera ese se siente exigible, porque se ejerce, pero no se cobra, ya que si el político prometió algo en campaña y no cumplió, nadie lo puede llevar a un juez por eso. La conclusión es automática. No hay conflicto, no hay obligación. No hay nada que reclamar.
Ahí entra la impunidad, y lo empeora.
La impunidad no opera en el terreno de lo permitido, sino en el de lo prohibido. El delito existe en el código y el tipo penal está escrito, votado y publicado. Un funcionario desvía recursos o un policía tortura o el hijo de un expresidente enriquece a su familia con la obra pública. Todo eso tiene sanción prevista… pero la sanción no llega. El expediente se congela, el fiscal no investiga o el juez encuentra un tecnicismo. Y entonces ocurre algo peor que la simple ausencia de norma. La norma existe, pero se comporta como si no existiera.
La mayoría de los ciudadanos no distinguen entre una prohibición que nunca se escribió y una prohibición que se escribió pero no se aplica. Para efectos prácticos, son lo mismo. Ambas les dejan la misma señal de que puedes hacerlo porque nadie te lo va a cobrar. La diferencia técnica entre “no está prohibido” y “está prohibido pero no se sanciona” es invisible desde la banqueta. Lo que se ve es el resultado de que el funcionario robó, sigue en su cargo y hasta se reelige.
Esto no solo apaga la indignación de un caso, sino que contamina el sistema entero. Si ni siquiera lo que el propio derecho declaró ilegal genera consecuencia, entonces la conclusión se extiende. Para qué disputar cualquier otra cosa, si ni la prohibición más clara se cumple. El ciudadano que ya estaba condicionado a ver la política como un territorio ajeno, ahora tiene una prueba concreta de que ese territorio no responde ni a sus propias reglas. Así es como se retira un paso más de ese escenario.
No se trata de indiferencia moral; hablamos de causa y efecto. El sistema jurídico enseña desde la infancia a medir el conflicto por la obligación exigible, y cuando la obligación no se exige ni siquiera frente al delito comprobado, el aprendizaje se confirma con evidencia. La política no es un lugar donde algo se resuelve, sino un lugar donde se anuncia, se escribe y se archiva.
El votante que no vota, el vecino que no denuncia, o el empleado que no exige, no actúan por pereza. Actúan con la misma lógica que el deudor que descubre que su acreedor no tiene forma de cobrarle, así que dejan de sentirse en conflicto porque el sistema, con su propio silencio, les confirmó que no lo están. La pasividad no es la enfermedad, al contrario, es el síntoma correctamente calibrado de un diagnóstico que ya se hizo solo.
Y mientras la prohibición exista solo en el papel, la impunidad seguirá siendo la maestra más eficaz de la resignación.
