Mtro. Jesús Antonio García Ramírez. Politólogo
1. Consideraciones previas
El Estado mexicano recuperó desde 2018 una condición que había perdido durante tres décadas de adelgazamiento: su centralidad como garante de equilibrio social. Ese hecho es político mayor y debe colocarse como punto de partida de cualquier análisis serio. Se restituyó la idea de que el Estado sirve para compensar desigualdades, no solo para administrar inercias. Hay legitimidad de origen, hay cobertura nacional de programas y hay una narrativa de bienestar que volvió a conectar con la mayoría.
Ese piso no se discute, se reconoce. Sería un error analítico no verlo.
El problema del análisis público es que suele quedarse ahí. Se mide la transformación solo por lo que se distribuye y no por cómo se habita. Y son dos legitimidades distintas. La primera se construye con transferencia y con derechos restituidos. La segunda se construye en el territorio, en la experiencia diaria del ciudadano con su entorno inmediato. Una se mide en padrones, la otra se mide en horas de agua, en calles iluminadas, en tiempo de traslado y en calidad del espacio.
Por eso la lectura que sigue no es de cuestionamiento al proyecto, sino de exigencia de su segunda etapa. El bienestar entendido solo como ingreso es incompleto. El bienestar completo es habitabilidad. Y la habitabilidad no la resuelve por sí sola la política social federal ni la obra estatal de gran calado. Requiere funcionamiento municipal cotidiano.
2. A manera de reflexión
Un Estado puede ser apreciado por lo que entrega y al mismo tiempo no terminar de consolidar respeto institucional cotidiano por cómo se vive. La distinción es fina pero decisiva. Ser apreciado genera respaldo electoral y social. Ser respetado por su eficacia genera institucionalidad duradera. Lo primero sostiene, lo segundo transforma. La 4T ya logró con amplitud lo primero. Tiene la oportunidad histórica de consolidar lo segundo.
La enseñanza prudente es esta: cuando el entorno no funciona, el apoyo se agradece pero no se vuelve ciudad. El ciudadano recibe, pero al salir de su casa encuentra la misma calle deteriorada, la misma luminaria apagada, el mismo reporte sin atender. Entonces separa en su mente dos cosas: valora al gobierno que lo apoya y desconfía del gobierno que no le resuelve lo inmediato. Esa fractura no es ideológica, es territorial.
Ahí aparece el papel del Gobierno del Estado. En Hermosillo ha ejercido una función de contención necesaria, visible y responsable: ha entrado a compensar alumbrado, bacheo, recolección y obra para evitar que la capital colapse. Esa intervención debe reconocerse como rectoría, no como sustitución por gusto. Ha evitado el deterioro mayor. Pero la contención no puede volverse modelo permanente, porque desdibuja responsabilidades y perpetúa la dependencia.
Por diseño constitucional, el artículo 115 es claro: los servicios de proximidad son tarea originaria del municipio. Agua potable en su operación diaria, alumbrado, limpia, calles, parques. No es un tema menor ni administrativo, es el núcleo del pacto municipal. Cuando ese nivel no planea, el esfuerzo superior se diluye. El recurso llega, pero no se convierte en calidad urbana porque se va en tapar la falla del día, no en construir sistema.
Hermosillo muestra ese límite de modelo. No es falta de respaldo, tiene respaldo federal y estatal. Es un modelo de gestión reactiva. Se corrige el bache, no se previene el deterioro de la carpeta; se cambia la luminaria fundida, no se mantiene la red; se atiende la fuga, no se reduce la pérdida técnica que en ciudades medias del norte demuestra que sin sectorización, medición y mantenimiento preventivo, la inversión se diluye antes de llegar a la toma domiciliaria. El presupuesto se ejerce, pero se ejerce para volver al punto de partida, no para avanzar. No es un señalamiento personal. Es una delimitación técnica: sin un municipio que mida, planee y mantenga, la transformación no se territorializa.
3. Consideraciones finales
La confianza ciudadana no se decreta desde el centro, se territorializa en la vida diaria. No se gana solo con programas, se gana cuando la transformación se puede caminar, ver y vivir.
Esa territorialización tiene forma de medición concreta: tiempo de respuesta a reportes, continuidad del servicio de agua, porcentaje de alumbrado en operación, kilómetros de vialidad con mantenimiento preventivo y no correctivo. Cuando el ciudadano ve que esos indicadores se mueven, deja de evaluar al gobierno por separado y empieza a percibir un solo Estado que funciona. La evaluación deja de ser por apoyo recibido y se vuelve por vida cotidiana mejorada.
Por eso la ruta no es dar más, sino hacer que lo que ya se hace se note donde la gente vive. Implica transitar de la lógica de compensación extraordinaria a una lógica de corresponsabilidad eficaz. Federación que consolida derechos y bienestar, Estado que ejerce rectoría, planea infraestructura de fondo y ordena el territorio, municipio que profesionaliza servicios, mide indicadores y garantiza mantenimiento con transparencia.
Cuando cada orden hace con calidad lo que le corresponde, la transformación deja de ser programa y se vuelve ciudad habitable. Ese es el paso que define si el proyecto se recuerda como apoyo o como nueva forma de habitar.
