La polémica alrededor de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), suma un nuevo capítulo. Ahora, los señalamientos apuntan a una empresa administrada por Itzel Sandino Piña Soria, hija de Lourdes Piña Soria del Valle, identificada como asesora y colaboradora cercana de la funcionaria electoral.
La compañía, Promotora de Noticias Exactas, S.A. de C.V., aparece como proveedora del INE durante 2026, una situación que ha generado cuestionamientos sobre los vínculos entre personas cercanas a la presidencia del organismo y las empresas que prestan servicios a la institución.
El caso se suma a la controversia por las contrataciones del instituto y las reuniones sociales de Taddei con un empresario proveedor, asuntos que han provocado exigencias de transparencia y solicitudes de investigación por parte de representantes de partidos políticos.
Es importante precisar que Itzel Sandino Piña Soria es hija de una asesora cercana a Taddei, no de la consejera presidenta. La relación familiar y empresarial señalada ha puesto bajo escrutinio las contrataciones, pero no demuestra por sí misma que se haya cometido una irregularidad.
¿Quién es Itzel Sandino Piña Soria y qué relación tiene con el INE?
Itzel Sandino Piña Soria es una presentadora de televisión y figura como administradora única de Promotora de Noticias Exactas, empresa que aparece entre los proveedores del Instituto Nacional Electoral.
Su madre, Lourdes Piña Soria del Valle, es identificada en reportes periodísticos como asesora y colaboradora cercana de Guadalupe Taddei, aunque no aparece como empleada del organismo en la nómina referida en esas publicaciones.
La controversia surge por la relación entre la colaboradora de la consejera presidenta y una empresa que presta servicios al mismo instituto. El punto central es determinar cómo se realizaron las contrataciones, qué procedimientos se siguieron y si existieron posibles conflictos de interés.
Gilberto Solís Mendívil, otro nombre bajo la lupa
En el caso también aparece Gilberto Solís Mendívil, quien figura como comisario de Promotora de Noticias Exactas, de acuerdo con información sobre la constitución de la empresa.
Solís Mendívil obtuvo a finales de 2025 un contrato superior a un millón de pesos con el INE, como persona física, para producir una miniserie documental sobre la jornada de la elección judicial.
Además, su nombre aparece vinculado con otras empresas relacionadas con integrantes de la familia Piña Soria. Estos nexos han generado preguntas sobre las relaciones comerciales y los procedimientos mediante los cuales se asignan contratos públicos.
También se ha señalado que Solís Mendívil fue sancionado por su participación en un esquema de contrataciones irregulares en el gobierno de Hidalgo. Estos antecedentes forman parte de los cuestionamientos sobre los vínculos empresariales, pero no acreditan por sí mismos que los contratos actuales del INE sean ilegales.
Taddei enfrenta presión por los contratos y sus vínculos con proveedores
La controversia ocurre en medio de las críticas que enfrenta Guadalupe Taddei por otros señalamientos relacionados con proveedores del INE y una celebración organizada por un empresario que ha mantenido relaciones comerciales con el organismo.
Representantes de partidos de oposición solicitaron que la consejera presidenta explique los vínculos y las circunstancias de las contrataciones, e incluso plantearon que se separe temporalmente del cargo mientras se revisan los señalamientos.
Taddei ha rechazado abandonar sus responsabilidades y defendido la continuidad del trabajo institucional. La discusión ha colocado en el centro del debate la transparencia de las compras públicas y la necesidad de esclarecer cualquier posible conflicto de interés.
¿Qué falta por aclarar en el nuevo caso del INE?
Entre los puntos que requieren explicación están los contratos otorgados a Promotora de Noticias Exactas, los procedimientos de selección de proveedores y la posible existencia de relaciones que debieron declararse o gestionarse para evitar conflictos de interés.
La existencia de vínculos familiares o comerciales no constituye automáticamente una falta administrativa o un delito. Para determinar si hubo irregularidades, es necesario revisar los expedientes de contratación, las reglas aplicables y las conclusiones de las autoridades fiscalizadoras.
La polémica llega mientras el INE se prepara para el proceso electoral de 2027, por lo que las exigencias de rendición de cuentas y transparencia adquieren especial relevancia para la confianza pública en la autoridad electoral.
