El Zancudo. Por: Arturo Soto
Fuertes los jaloneos entre las dos principales fuerzas que integrarían la alianza opositora en Sonora. Primero fue el dirigente nacional panista, Jorge Romero el que sostuvo que el blanquiazul será el que ‘sigle’ la candidatura a la alcaldía de Hermosillo; luego la dirigente estatal priista, Guadalupe Soto Holguín le respondió que no, que sería el PRI quien lo hiciera, y al cierre de la semana su homóloga del PAN, Celina Aldana reiteró lo declarado por Jorge Romero.
Durante un encuentro con aspirantes a defensores(as) de la patria, la familia y la libertad, eufemismo con el que los albiazules se refieren a los virtuales candidatos(as) a los distintos cargos de elección que estarán en juego en 2027, les ‘peló el machete’ a los tricolores advirtiendo: “No nos vamos a dejar y yo los voy a defender ante todo y ante todos. Y esa frase de firmar cheques en blanco no va a pasar así. Nos vamos a fajar y no nos vamos a rajar’.
El episodio forma parte de lo que al parecer es una negociación tirante, donde aparece como el principal motivo de la disputa, la candidatura a la alcaldía de Hermosillo, la plaza más importante en la próxima contienda electoral, después de la candidatura al gobierno del estado donde la definición está más que cantada en favor del alcalde de la capital, Antonio Astiazarán Gutiérrez.
Pero claramente, no es solo la capital lo que genera tensiones. El posicionamiento de Aldana es claro al respecto: “Donde ustedes requieran ir solos con el PAN, ahí también los voy a respaldar”, dijo, lo que deja claro que entre las 72 alcaldías, los 21 distritos locales y los siete federales que estarán en disputa, habrá varios en los que el PAN sugiere que puede ganar con sus propios candidatos(as), prescindiendo de la alianza.
Es obvio que la coalición opositora no será total (en el 100% de las candidaturas) sino que se están perfilando coaliciones parciales (juntos en al menos el 50% de las candidaturas) o flexibles (juntos en al menos 25% de las candidaturas); las tres son opciones contempladas en la legislación electoral.
El asunto no es menor, si se considera que el PRI está en esa misma posición y optará por competir con sus propios candidatos en algunas demarcaciones, lo que plantea un escenario complicado en la dinámica de la campaña a la gubernatura, porque habrá distritos y municipios donde el candidato deberá resolver a quién apoyar, o apoyar a los de ambos partidos mientras estos en sus campañas locales seguramente se estarían dando con todo.
Imaginemos un escenario hipotético, digamos en algún distrito local de Hermosillo, donde el PRI postule a su candidato y el PAN al suyo. A la hora de un mitin del candidato a la gubernatura, ¿a quién subiría al templete? ¿A los dos? El criterio tiene que ver con un asunto de pesos y centavos para efectos de fiscalización: candidato que se suba al templete tiene que ‘apoquinar’ una lana para la organización del evento y reportarlo como parte de sus gastos de campaña, pero obviamente también tiene consideraciones políticas.
El asunto no es tan grave si se considera que en anteriores campañas ya se han registrado este tipo de candidaturas parciales, pero no deja de ser curioso, sobre todo en materia de discurso político.
Con todo, este no es el principal reto que enfrenta la alianza opositora. Todavía falta medir el impacto de los desprendimientos que ha tenido, en los que aparece por ejemplo un Alejandro López Caballero que recientemente renunció al PAN y se perfila como candidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano. En el PRI tienen sus propias mortificaciones: ¿Cuántos votos se llevará a MC el ex alcalde Ernesto Gándara? ¿Cuántos se llevará a la alianza que encabeza Morena el también ex alcalde priista Manuel Ignacio Acosta?
El primero ya anunció que se sumaría a la eventual candidatura de Luis Donaldo Colosio Riojas a la gubernatura, por MC; el segundo ya firma como dirigente estatal del PVEM, aliado de Morena.
Son tres ex presidentes municipales de Hermosillo, dos del PRI, uno del PAN los que desde ya trabajan para impulsar proyectos electorales distintos a los que les dieron cobijo en el pasado reciente. Cómo modificarán el tablero de los resultados electorales -sobre todo en la capital- estos reagrupamientos es un enigma que solo se resolverá cuando se cuenten los votos.
Qué putos nervios.
II
En el mismísimo día de muertos -cruel paradoja- se cumplió el primer año de la explosión de un transformador instalado irregularmente en el interior de una tienda de la cadena Waldos, en Hermosillo.
El saldo de la tragedia fue de 24 personas muertas, incluyendo niños y un nonato que murió con su madre entre la explosión, el fuego y los gases tóxicos.
Un día tristísimo para esta capital, que no merece otra tragedia de este tipo, cuando no han cicatrizado las heridas por la muerte de 49 niñas y niños en la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009. En ambos casos se trata de eventos que pudieron ser evitados con la observancia de la normatividad en materia de Protección Civil, pero sobre todo, sin la cadena de omisiones y corruptelas públicas y privadas que derivaron en dolor y luto para cientos de familias.
Ayer, al cumplirse un año de la explosión en Waldos, el gobernador Alfonso Durazo hizo publicar una reforma constitucional que establece el derecho humano a la protección civil y crea un organismo autónomo especializado en la gestión integral de riesgos.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, el gobernador expresó su respeto, solidaridad y acompañamiento con quienes perdieron un ser querido y reiteró su compromiso con la no repetición: “El paso del tiempo no borra la ausencia ni existen palabras que puedan reparar una pérdida de esta magnitud”, dijo.
Esta reforma busca transformar el modelo de protección civil en Sonora, al pasar de un esquema principalmente reactivo a uno preventivo, con políticas públicas orientadas a identificar riesgos, reducir vulnerabilidades y proteger la vida de las personas.
El nuevo instituto será autónomo en el diseño de sus políticas, su titular saldrá de una convocatoria abierta a la ciudadanía, evaluado por un Comité Técnico Especializado y la ratificación de dos terceras partes del Congreso, disponiendo de un Consejo Ciudadano y un Consejo Técnico Asesor integrado por especialistas.
La reforma ya fue aprobada por el Congreso, en tanto se trabaja con la sociedad civil y especialistas para elaborar la nueva Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, fortaleciendo además la asignación presupuestal para las instituciones del ramo.
“A las familias de las víctimas les decimos con toda firmeza: no están solas. Seguiremos acompañándolas porque la memoria de quienes ya no están nos obliga y la confianza de quienes siguen esperando nos compromete, Y ante ambas, el Estado no tiene derecho a fallar”, dijo.
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