Hermosillo, Sonora, 3 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de tres “influencers” por su probable responsabilidad en el delito de apología de un delito y de un vicio, derivado de la difusión de contenido audiovisual en redes sociales relacionado con la promoción del consumo de marihuana y productos derivados del cannabis, en Hermosillo.
Los imputados son Azlán “N”, alias “El Azlán”, de 20 años; Julián “N”, alias “El Pelón Bajavión”, de 29; y Eduardo Antonio “N”, alias “El Doble Carne”, de 22 años, quienes participaron en una grabación difundida públicamente en la red social Facebook el pasado 29 de agosto.
En el material investigado, los señalados realizaron expresiones de aprobación y promoción relacionadas con sustancias derivadas del cannabis, mientras mostraban y compartían productos identificados con una “marca”, entre ellos cigarrillos electrónicos, concentrados, extractos y cigarrillos pre enrollados con marihuana.
La investigación ministerial establece que las expresiones, la exhibición de los productos y su entrega ante las cámaras constituirían actos de exaltación y promoción pública de conductas vinculadas con narcóticos, mediante contenido susceptible de alcanzar a un número indeterminado de personas a través de plataformas digitales.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso más de 15 datos de prueba para sustentar la imputación y solicitar la vinculación a proceso y, después de escuchar los argumentos de las partes, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a los tres imputados.
Como medidas cautelares, la autoridad judicial determinó presentación semanal ante el Juez, exhibición de una garantía económica individual, prohibición de salir del estado sin autorización y suspensión temporal de actividades encaminadas a promocionar la “marca”.
La FGJES dará continuidad a las investigaciones relacionadas con la promoción pública de conductas presuntamente delictivas mediante plataformas digitales, con el propósito de proteger el desarrollo y la dignidad de las personas, particularmente de niñas, niños y adolescentes, y garantizar que las responsabilidades penales se determinen conforme a derecho.
