Ciudad de México.- La reconocida presentadora mexicana, Inés Gómez Mont, al parecer no solo la pasa mal por haber sido arrestada en Estados Unidos por su situación migratoria, sino que al parecer también enfrentaría a perdida de la custodia de sus 4 hijos mayores, Inés y los trillizos Javier, Diego y Bruno, debido a que se ha dicho que estarían en México con su padre, el empresario mexicano, Javier Díaz.
La expresentadora de Ventaneando, según informes de Infobae, hasta octubre de 2025 los niños residían en Miami bajo el cuidado de su ella, sin embargo, ahora con su detención en Estados Unidos por parte del ICE, se especuló que podrían ser puestos a disposición de su padre, mientras que otros señalaban que se quedarán bajo el cuidado de su padrastro, Víctor Álvarez Puga, sin embargo, por ahora, no se ha anunciado una resolución judicial que establezca un cambio en la custodia de los seis hijos, por lo que su situación dependerá de los procedimientos legales correspondientes en Estados Unidos y de las condiciones familiares que existan tras el arresto Gómez Mont.
El ahijado de la exsuegra de la presentadora, Tita Bravo, a pocos días de que Inés fuera arrestada en Miami, Florida, los cuatro hijos que tuvo en su matrimonio con Javier Díaz, fueron sustraídos del extranjero para ser trasladados a su país de origen para que puedan regresar con su padre, el cual aparentemente va a tener la custodia de ellos hasta que se arregle la situación migratoria y legal que enfrenta Inés, ya que en México tiene cuatro ordenes de aprehensión.
Con respecto a los 2 hijos menores de Gómez Mont con Álvarez Puga, Bosco, nacido en 2015, y María en el 2018, hasta el momento se desconoce dónde están los dos niños antes mencionados mencionado, pero se espera que en poco tiempo se den detalles sobre lo que pasaría con los menores, y si es que Víctor estaría con ellos en estos momentos tan complicados para la familia.
La conductora de televisión es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en delitos relacionados con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, siendo estas acusaciones relacionadas con un supuesto esquema de empresas mediante el cual se habrían desviado recursos públicos por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos.
