Daniel Arizmendi López, “El Mochaorejas“, recibió una sentencia de 50 años de prisión y una multa de 916 mil 312.50 pesos, tras la reposición de un procedimiento por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la resolución también establece penas de 22 años de cárcel para Daniel Venegas Martínez y de 16 años para Dulce Paz Venegas Martínez, quienes continuarán recluidos por otros procesos, aunque las condenas correspondientes a este expediente fueron declaradas cumplidas.
Venegas Martínez deberá pagar una multa superior a cuatro millones de pesos y Dulce Paz una de más de 280 mil pesos, ambos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos por los que sus nombres aparecen en los antecedentes judiciales de la organización.
La declaración de penas compurgadas significa que el tiempo que han permanecido privados de la libertad cubre los años de prisión impuestos en este procedimiento, pero no permite su excarcelación porque siguen a disposición de las autoridades que conocen de las demás causas en su contra.
De acuerdo con la FGR, los tres habían recibido una sentencia condenatoria el 21 de agosto de 2003, pero promovieron juicios de amparo y obtuvieron la protección de la justicia federal, lo que obligó a reponer el procedimiento antes de emitir una nueva resolución sobre su responsabilidad penal.
Una vez cumplida esa reposición, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en el Estado de México presentó las pruebas con las que acreditó los delitos y la autoridad judicial notificó las nuevas condenas en días recientes, sin que se precisara la fecha del fallo.
Detalles de la Sentencia
Arizmendi lleva más de 28 años privado de la libertad desde su captura, registrada el 17 de agosto de 1998 en Naucalpan, Estado de México, durante las investigaciones por el secuestro y asesinato del empresario Raúl Nieto del Río, por quien la banda continuaba exigiendo dinero pese a que ya había muerto.
El rastreo de las llamadas utilizadas para negociar el supuesto rescate permitió identificar los teléfonos de Arizmendi y seguir sus movimientos, mientras la detención de otros integrantes de la organización facilitó el operativo en el que también fue capturada Dulce Paz Venegas Martínez, identificada entonces como su pareja.
Las actividades del grupo eran anteriores a 1998, pues tras su captura Arizmendi declaró haber participado en 21 secuestros desde 1993 y reconoció la muerte de tres víctimas, mientras la mutilación de las orejas de personas cautivas para presionar a sus familias a pagar rescates dio origen a su alias.
Antecedentes del Caso
En la investigación que sustenta las nuevas condenas, la FGR señaló que los tres sentenciados formaban parte de la organización desde 1998 y que operaban principalmente en el Estado de México y el entonces Distrito Federal, donde cometían secuestros y otras actividades delictivas.
Los antecedentes ministeriales establecen que en junio de 1998 se ejerció acción penal sin detenido contra los ahora sentenciados y otras personas, por lo que la autoridad judicial libró las órdenes de aprehensión correspondientes.
El reporte de la FGR atribuye a Daniel “N” una detención el 30 de junio de aquel año y su puesta a disposición judicial en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, aunque los registros de la época identifican a Aurelio Arizmendi López, hermano de “El Mochaorejas“, como el capturado en esa fecha, mientras Daniel fue detenido en agosto.
Respecto de Daniel Venegas Martínez y Dulce Paz Venegas Martínez, la FGR sitúa sus detenciones el 21 de agosto de 1998 y señala que quedaron a disposición del órgano jurisdiccional en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México, aunque los antecedentes de Dulce Paz ubican su captura junto con Arizmendi el 17 de agosto.
Arizmendi ha enfrentado otras revisiones de sus condenas, entre ellas una resolución de 2022 que dejó sin efectos una pena de 40 años y ordenó reponer parte de otro procedimiento, excluir declaraciones invalidadas e investigar posibles actos de tortura contra los acusados, sin que ello implicara su liberación.
En una causa distinta, el 24 de diciembre de 2025 se informó que la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo lo absolvió de secuestro por insuficiencia de pruebas y declaró cumplida una pena de ocho años por delincuencia organizada, aunque permaneció en prisión por otros procesos y sentencias en su contra.
