POR ING. HÉCTOR CASTRO GALLEGOS
No es percepción: es condicionamiento. Cuando un sistema obliga a elegir entre esperar o pagar, el cerebro aprende rápido. Repite, adapta, sobrevive.
Y en ese aprendizaje forzado se instala una verdad brutal: la salud en este país no es un derecho, es un privilegio administrado por el poder.
La evidencia es clara desde la neurociencia: bajo presión económica y estrés constante, la toma de decisiones se distorsiona.
No se actúa con ética plena, se actúa con sesgos de supervivencia. Así funciona el cerebro humano.
Y cuando ese cerebro está dentro de un sistema médico colapsado, mal vigilado y peor diseñado, el resultado no es error… es consecuencia.
No son casos aislados: es arquitectura institucional.
El poder lo sabe. Sabe que no necesita controlar a cada médico si controla el entorno donde operan.
Saturación, burocracia, incentivos económicos y ausencia de supervisión real.
Esa combinación convierte cualquier vocación en desgaste y cualquier error en impunidad.
No hace falta una conspiración cuando el diseño ya protege al sistema por defecto.
Aquí entra la conciencia que hoy ya no se puede ignorar: la inteligencia artificial, los datos, la trazabilidad.
Vivimos en una era donde se puede medir todo—tiempos de espera, diagnósticos, patrones de error—y aun así el Estado elige no hacerlo de forma transparente.
No es incapacidad, es decisión.
Porque medir implica exhibir. Y exhibir implica rendir cuentas.
La juventud ya entendió algo que incomoda: el problema no son solo los individuos, es el modelo. Un modelo donde la justicia médica es lenta, donde los peritajes se reciclan dentro del mismo círculo y donde el dinero acelera lo que la ley retrasa.
Esa es la raíz de la desconfianza. No paranoia: experiencia acumulada. Se nos vendió la idea de cobertura, pero se nos entregó un sistema de filtros.
Pagas y avanzas. No pagas y esperas. Y en la espera, el daño crece mientras la responsabilidad se diluye.
El poder no solo permite esto: lo administra. Porque un ciudadano vulnerable es más fácil de contener que uno sano y consciente.
La acusación es directa: el Estado ha renunciado a gobernar la salud con rigor y ha optado por tolerar su mercantilización.
Ha dejado que la ética compita contra el ingreso y luego se sorprende de perder. Romper esto exige más que reformas cosméticas.
Exige vigilancia externa real, datos abiertos obligatorios, sanciones que duelan y tecnología aplicada para auditar cada decisión crítica. Hoy se puede hacer. No se hace.
Y cuando algo puede corregirse y no se corrige, deja de ser falla.
Se convierte en responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene dueño.
