Hermosillo, Sonora; 30 de abril de 2026. – Con el objetivo de fortalecer la tipificación del delito de abuso sexual, ampliar sus supuestos de comisión y sanciones, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa de la diputada María Alicia Gaytán Sánchez, mediante la cual se reforman los artículos 213 y 214 del Código Penal del Estado, a fin de reforzar la protección de las personas frente a este delito.
La diputada Gaytán Sánchez explicó que la reforma actualiza y precisa la definición de abuso sexual, estableciendo con mayor claridad las conductas que lo constituyen, incluyendo actos de naturaleza sexual realizados sin consentimiento, así como aquellos en los que la víctima es obligada a observarlos o ejecutarlos.
Subrayó la incorporación de criterios más precisos sobre el consentimiento, al establecer que este no puede presumirse por el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física, y que será inválido cuando medie violencia, intimidación, engaño, amenaza o abuso de poder.
Detalló que la reforma establece un esquema claro y proporcional dentro del artículo 213 del Código Penal de Sonora, al fijar multas de 200 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el tipo base del delito.
Asimismo, se prevén sanciones diferenciadas conforme a la gravedad de las conductas y la condición de las víctimas, imponiéndose multas de 70 a 90 UMAs cuando la víctima sea menor de doce años, y de 100 a 150 UMAs cuando se trate de personas que no puedan comprender el hecho o resistirlo por discapacidad, enfermedad o pérdida del sentido.
La legisladora señaló que se amplían los supuestos agravantes, incluyendo los casos en que el delito sea cometido por servidores públicos, profesionistas o ministros de culto, cuando exista una relación de confianza con la víctima o cuando esta se encuentre en situación de vulnerabilidad, embarazo o indefensión.
De igual forma, se establece la reparación integral del daño como obligación del agresor, que contempla atención psicológica especializada para la víctima hasta su total recuperación.
Finalmente, la diputada morenista subrayó que esta reforma responde a la necesidad de armonizar la legislación estatal con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y violencia de género, reforzando el compromiso del Estado con el derecho de todas las personas, especialmente de mujeres, niñas y niños, a vivir una vida libre de violencia.
