Mi gusto es… (o la otra mirada). Por: Lic. Miguel Ángel Avilés
Hay historias que no envejecen: solo cambian de expediente.
La de esta semana —la que cada año vuelve con palmas, incienso, peregrinaciones y silencios— es, vista sin solemnidad excesiva, la evocación de un caso jurídico ejemplar.
No por su pulcritud, sino por lo contrario: por su colección de irregularidades, capaces de sonrojar tanto al más indulgente juez de control como al más arbitrario juzgador del sistema tradicional.
Ahí está el acusado: sin defensor técnico visible, sin una defensa efectiva que equilibre el peso de la acusación; con testigos acomodaticios y, peor aún, presentados en horarios en los que ni siquiera debía sesionarse. La prisa como norma. La presión como argumento.
Un proceso que parece escrito al revés: primero la sentencia; luego, la búsqueda —apresurada— de los motivos.
No hace falta forzar la analogía. Lo que se narra en estas fechas es, en términos contemporáneos, un catálogo de lo que no debe ocurrirle a nadie:
Detención cuestionable, acusaciones endebles, testimonios fuera de regla, autoridad que cede ante la multitud y una verdad que estorba más de lo que ayuda.
Hagan de cuenta un operativo comandado por Nazar Haro en sus momentos más abusivos —aquellos años setenteros, echeverristas, lopezportillistas—, pero elevado a la N potencia que gracias a Dios ya no queda de eso.
Eso creo. Ni como original ni como burda copia.
El viejo maestro Ignacio Burgoa —tan citado como poco leído— insistía en que el debido proceso no es ornamento, sino muralla.
No está para proteger culpables, sino para impedir que la fuerza se disfrace de justicia. Dicho de otro modo: sin reglas, cualquiera puede ser el siguiente.
Aunque hoy se repita —con fe casi litúrgica— que impera nuestro Estado de derecho, esta retrospectiva no es una preocupación teórica.
Ahí está el caso Florence Cassez: un amparo en revisión que puso en evidencia un proceso saturado de inconsistencias, violaciones constitucionales y una puesta en escena que sustituyó a la investigación.
De ese asunto derivaron criterios que siguen protegiendo a la sociedad. Y conviene subrayarlo: no fue la Corte la que “liberó” en sentido material; fue la autoridad la que tuvo que hacerlo al exhibirse las violaciones al debido proceso.
La ministra ponente fue Olga Sánchez Cordero, y lo que quedó fue una lección incómoda: cuando el procedimiento se rompe, el caso entero se derrumba.
Por eso resulta curioso —por decirlo con suavidad— que quienes más devoción muestran por la escena, a veces menos tolerancia tienen con sus lecciones. El domingo se agitan las palmas; el lunes se aplaude el atajo.
Se condena la injusticia en abstracto, pero se celebra en concreto cuando recae sobre el adversario correcto.
Nada nuevo bajo el sol.
La multitud —ayer y hoy— tiene esa vocación de resolver rápido lo que debería resolverse bien.
Y también —conviene decirlo sin demasiada ingenuidad— una peligrosa facilidad para convertirse en tribunal… sin expediente, sin pruebas y, lo más cómodo, sin responsabilidad posterior.
Porque la llamada “voz del pueblo”, cuando se le suelta sin reglas, puede mutar en algo menos romántico: una forma eficaz de tiranía.
Democrática en apariencia. Sumaria en los hechos.
La escena es conocida: se ofrece una elección binaria, se simplifica el conflicto, se agita el ánimo y se obtiene veredicto. Crucifixión para uno; libertad para Barrabás.
No era justicia. Era consenso.
Y pocas cosas han sido tan peligrosas como un consenso equivocado… celebrado como virtud.
Y ahí ocurre algo todavía más interesante —y más incómodo—: la autoridad descubre la coartada perfecta.
Porque cuando decide no decidir, cuando cede ante la multitud o se refugia en ella, puede lavarse las manos con elegancia institucional y decir: “no fui yo, fue el pueblo”.
Y así, el poder encuentra su forma más refinada de ejercerse: no haciéndose cargo.
El viejo Sanedrín —guardando proporciones y con el debido respeto a creyentes y tradiciones— no deja de recordarnos que siempre han existido órganos dispuestos a revestir de legalidad lo que ya estaba decidido de antemano; verdaderos especialistas en convertir la presión en sentencia… con firma y sello.
Hoy cambian los nombres, los edificios y las investiduras. A veces incluso se modernizan, se constitucionalizan y hasta se democratizan en el discurso.
Pero la tentación persiste.
Algo similar ocurre en nuestras plazas digitales y, a veces, en las físicas.Basta una narrativa bien colocada, una edición conveniente o una consigna repetida con suficiente intensidad para construir culpables instantáneos.
Juicios sin toga, pero con tendencia.
Se condena por discrepancia política o ideológica. Se absuelve por afinidad.
Y así, no pocas veces, el inocente termina sentenciado en la plaza pública —virtual o real—, mientras el verdadero delincuente, más peligroso que un neurocirujano con hipo, encuentra refugio en la utilidad o en la cercanía correcta.
Aquí, cuando la realidad incomoda, siempre aparece la versión que la corrige.
Cambian los nombres. No las funciones.
Y luego está Poncio Pilato, al que la cultura popular redujo a un gesto higiénico. “Se lavó las manos”, se dice, como si hubiera descubierto el gel antibacterial antes de tiempo.
Pero visto con lentes contemporáneos, lo suyo se parece menos a limpieza y más a una elegante —y peligrosa— declinación de competencia: no me corresponde, resuelvanlo ustedes… aunque el resultado sea previsible.
Corrijo: porque sabía que lo era.
No fue neutralidad. Fue delegación… con resultado garantizado.
La diferencia es sutil, pero importa. Cuando la autoridad que puede decide no decidir, no se vuelve neutral: deja el campo libre para que otros decidan, generalmente con menos reglas y más prisa.
De ahí que el problema no sea solo la condena, sino el camino que llevó a ella. La justicia no se mide únicamente por el resultado, sino por el procedimiento.
Y cuando el procedimiento se rompe —cuando no hay defensa, cuando los testigos aparecen fuera de tiempo, cuando la regla se dobla para que encaje la acusación—, el resultado, por muy aplaudido que sea, queda herido.
Conste: no se trata de impunidad. Nadie quiere un sistema donde todo se perdone. Pero tampoco uno donde todo se castigue mal.
Entre esos extremos vive el debido proceso: incómodo, a veces lento, pero indispensable.
Quizá por eso la historia insiste en repetirse. No para que la recordemos con solemnidad, sino para que la entendamos con seriedad.
Porque, al final, más allá de credos, lo que está en juego no es una narración antigua, sino una pregunta vigente:
¿Queremos justicia… o solo queremos tener razón a tiempo?
