Mtro. Jesús Antonio García Ramírez. Politólogo
1. Consideraciones previas
No hay que olvidar un dato central: la transformación de México de los últimos 40 años deviene necesariamente de las democracias neoliberales. Del ajuste de 1982 a la alternancia de 2000, del TLCAN a la creación del INE, todo ocurrió dentro de ese marco.
Se abrió la política, se abrió la economía, se ganó el derecho al voto y se presumió que la democracia liberal era lo más avanzado que podía tener un país. Y sin embargo, a pesar de boletas, alternancia y libertades formales, el hilo negro de la desigualdad sigue intacto.
Por eso, rumbo a 2027, cuando 17 gubernaturas, un par de miles de alcaldías y ayuntamientos y todos los congresos locales estarán en juego, el debate no es si la democracia sirve. El debate es por qué la democracia liberal, supuestamente el modelo más avanzado, no ha podido romper la desigualdad que el pueblo vive diario. Reconocer ese fondo es la única forma de que el voto local deje de ser ritual y se vuelva herramienta para cambiar la vida en la colonia.
2. A manera de reflexión
La historia se cuenta corrida porque así la entiende el pueblo. A partir de 1982 México eligió dos caminos juntos. En lo político se abrió el sistema de partidos, se creó el IFE y se dijo que con elecciones libres el pueblo mandaría. En lo económico se abrió el mercado, se privatizó y se dijo que la inversión privada resolvería lo que el Estado ya no podía. Giovanni Sartori nos advirtió que una democracia solo de procedimiento se queda a medio camino: hay voto, hay pluralidad, hay alternancia, pero el voto no toca las reglas profundas del dinero. Y eso pasó. La democracia liberal mexicana fue ejemplar para elegir gobierno, pero dejó intocada la arquitectura fiscal, la concentración de mercados y la dependencia de deuda. Por eso el hilo negro de la desigualdad siguió completo. Cambió el gobernador, cambió el alcalde, pero el precio del agua, la tarifa del camión y la calidad de la clínica siguieron el mismo camino porque esas reglas no estaban en la boleta.
Aquí entra la enseñanza de Umberto Cerroni sobre el formalismo de derechos. La Constitución estatal y federal prometen salud, educación, vivienda, trabajo digno. Suena avanzado y lo es en el papel. Pero el modelo neoliberal le quitó al Estado el dinero y la capacidad para cumplir. Los municipios, que son la primera puerta del ciudadano con el gobierno, reciben menos del 5% del presupuesto nacional. Los estados viven de participaciones federales etiquetadas. Así, mientras en 2027 el derecho al voto se ejerce libre para elegir 17 gubernaturas y un par de miles de cargos locales, el acceso a la medicina, al drenaje y a la escuela de calidad sigue dependiendo de lo que cada familia pueda pagar. La democracia liberal es avanzada en derechos políticos, sí, pero se quedó corta en derechos materiales. Por eso la desigualdad no desaparece. Porque se democratizó el voto, pero no se democratizó la riqueza ni el presupuesto que decide el Congreso local.
Robert Michels y Pablo González Casanova cierran el cuadro sin rodeos. Michels dijo que toda organización, aunque nazca para abrirse, termina con una cúpula que decide por todos. En México esa cúpula fue política y económica. Se democratizaron las elecciones, pero no se democratizaron los mercados locales. En muchos estados y ciudades dos o tres grupos controlan agua, transporte, obra y basura. González Casanova lo llamó democracia dependiente: el gobernador y el alcalde mandan, pero mandan dentro de una jaula de deuda, reglas fiscales federales y decisiones de inversión que se toman fuera del estado. Por eso el ciudadano siente que la democracia liberal, aunque sea el modelo más avanzado del mundo, no le cambia la calle. El hilo negro nadie lo toca porque la competencia electoral no se acompañó de competencia económica ni de autonomía fiscal real para los gobiernos que sí viven cerca del pueblo.
3. Consideraciones finales
Reconocer que la desigualdad no desaparece a pesar de la democracia liberal no es negar la democracia. Es defenderla de su versión incompleta. La democracia liberal nos dio lo más avanzado en derechos políticos: voto libre, partidos, prensa, alternancia. Nadie sensato quiere regresar atrás. Pero ese mismo modelo dejó pendiente lo más básico: que votar también sirva para distribuir mejor y para que el gobierno local tenga con qué responderle al pueblo. Separar política de economía fue el error. La democracia se quedó en la urna y la desigualdad se quedó en la calle.
Por eso 2027, con 17 gubernaturas y un par de miles de alcaldías y ayuntamientos en juego, no puede ser solo cambio de personas. Tiene que ser el momento para que la democracia liberal complete su tarea. No tirándola, llevándola a su siguiente etapa. Una etapa donde el voto que elige gobernador y alcalde también obligue a revisar las reglas del dinero cerca de casa. Eso se enseña claro: primero, capacidad fiscal real para estados y municipios, que pague más quien más tiene y que el dinero se gaste en agua, salud, seguridad y escuelas. Segundo, gobierno local que invierta en lo básico porque el mercado solo no llega a la colonia pobre. Tercero, democracia interna y vigilancia ciudadana para romper cúpulas y monopolios locales, que el ciudadano audite la obra y revoque al que falla.
La conclusión es directa y va al fondo del título. La democracia liberal es el modelo más avanzado para elegir, pero no es suficiente si la desigualdad sigue intacta. El hilo negro nadie lo ha querido tocar porque implica meterle mano al dinero y al poder económico local. 2027 es la oportunidad para hacerlo. Porque la gente no se cansa de votar. La gente se cansa cuando votar, aun en la democracia más avanzada, no le tapa el bache, no le lleva agua y no le da doctor. Y solo el pueblo, votando con conciencia local, puede obligar a que esa democracia avanzada deje de ser solo para elegir y empiece a ser para vivir mejor.
