Ciudad de México.- A dos años de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, Sinaloa continúa sumida en una sangrienta guerra tras la ruptura del Cártel de Sinaloa y las interrogantes sin resolver en México. Crédito: FBI
Dos años después de que Ismael “El Mayo” Zambada fue llevado a Estados Unidos, Sinaloa dejó de ser el territorio sostenido durante décadas por los equilibrios internos del Cártel de Sinaloa y se convirtió en escenario de una guerra que modificó el mapa criminal, disparó los homicidios y obligó al Gobierno federal a mantener uno de sus mayores despliegues de seguridad.
En Estados Unidos, la historia ya llegó prácticamente a su conclusión judicial.
Zambada se declaró culpable el 25 de agosto de 2025 de encabezar una empresa criminal continua y de delincuencia organizada bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO, por sus siglas en inglés).
El 20 de julio de 2026, el Juez federal Brian M. Cogan lo sentenció en Brooklyn a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares, considerados ganancias de su organización criminal
En México, en cambio, todavía no existe una reconstrucción pública y completa de cómo uno de los narcotraficantes más buscados del mundo salió de Sinaloa el 25 de julio de 2024, subió a un avión y aterrizó en Nuevo México junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
No se ha esclarecido quién preparó el vuelo, quiénes participaron en el traslado, qué autoridades tuvieron conocimiento de la operación ni cómo una aeronave pudo abandonar el País con dos dirigentes del Cártel de Sinaloa sin ser detenida.
Tampoco se ha explicado plenamente qué ocurrió antes del despegue.
En una carta difundida después de su captura, Zambada aseguró que fue convocado a una reunión en las inmediaciones de Culiacán para intervenir en una disputa política relacionada con la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
Según su versión, en el encuentro habrían estado el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el ex Rector de la universidad y ex Alcalde de Culiacán, Héctor Melesio Cuén.
“El Mayo” sostuvo que, al llegar al lugar, fue emboscado, sometido por hombres armados y obligado a subir al avión que lo llevó a Estados Unidos.
La versión colocó en el centro del caso a Cuén, quien murió el mismo 25 de julio de 2024. Inicialmente, autoridades de Sinaloa informaron que había sido atacado durante un intento de robo en una gasolinera. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) cuestionó esa reconstrucción tras advertir inconsistencias en el lugar, el vehículo, los videos y las pruebas forenses.
Rocha Moya ha negado haber participado en la supuesta reunión y ha sostenido que ese día se encontraba fuera de Sinaloa. A dos años de distancia, las contradicciones no han sido resueltas en una explicación oficial definitiva.
Lo que sí se conoce son las consecuencias.
La salida de “El Mayo” rompió los acuerdos que habían permitido la convivencia entre las principales facciones del Cártel de Sinaloa. Los hijos y operadores de Zambada acusaron a “Los Chapitos” de traición, mientras la estructura encabezada por los hijos del Chapo se preparó para defender sus territorios, rutas, laboratorios y redes de protección.
En septiembre de 2024 comenzó abiertamente la confrontación.
Culiacán y su zona metropolitana padecieron enfrentamientos, bloqueos, vehículos incendiados, desapariciones, ataques contra comercios y asesinatos. La disputa se extendió hacia municipios rurales, carreteras, comunidades serranas y corredores utilizados para la producción y traslado de drogas.
La guerra alteró también la vida cotidiana. Empresas redujeron horarios, escuelas suspendieron clases, transportistas dejaron de circular por determinadas rutas y familias abandonaron comunidades ante la presión de los grupos armados.
La violencia se reflejó en las cifras oficiales.
Sinaloa cerró 2024 con 805 carpetas de investigación por homicidio doloso y durante 2025 acumuló mil 355, un incremento asociado al enfrentamiento entre las facciones de “Los Mayos” y “Los Chapitos”. Entre enero y marzo de 2026 se habían iniciado otras 253 investigaciones por ese delito.
El Gobierno federal respondió con miles de efectivos del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.Para julio de 2026, la Federación reportó un estado de fuerza de 16 mil 440 elementos en Sinaloa.
Desde octubre de 2024 habían sido detenidas 2 mil 540 personas vinculadas con delitos de alto impacto, aseguradas más de 94 toneladas de droga y casi 6 mil armas, además de que fueron desmantelados 2 mil 412 laboratorios clandestinos y áreas de concentración de sustancias químicas.
Las autoridades sostienen que esa intervención permitió reducir un 44 por ciento el promedio diario de homicidios entre junio de 2025 y junio de 2026.El descenso, sin embargo, partió de niveles que se habían incrementado significativamente después de la ruptura criminal de 2024.Los operativos golpearon a ambas facciones, pero no reconstruyeron el equilibrio anterior.
La captura o muerte de operadores generó nuevas disputas internas, reacomodos y alianzas temporales.
Los Mayos conservaron presencia en zonas rurales, corredores serranos y municipios del centro y norte del estado. “Los Chapitos” mantuvieron estructuras urbanas, redes financieras y células armadas vinculadas con la producción y exportación de drogas sintéticas.
Otros grupos aprovecharon la fractura para avanzar en territorios previamente controlados por el Cártel de Sinaloa. En distintas regiones aparecieron células con lealtades cambiantes, dedicadas no sólo al narcotráfico, sino también al secuestro, la extorsión, el robo de vehículos y el control de actividades económicas.
El resultado fue un Sinaloa más fragmentado.Durante décadas, “El Mayo” fue considerado un factor de cohesión dentro de la organización. Su estructura combinaba relaciones familiares, operadores regionales, contactos políticos y acuerdos con otros dirigentes. Su salida no destruyó al cártel, pero eliminó a uno de los personajes capaces de contener disputas y negociar repartos territoriales.
Estados Unidos convirtió esa entrega en uno de sus mayores triunfos contra el narcotráfico mexicano. Procesó al capo, obtuvo su declaración de culpabilidad, documentó cuatro décadas de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo, calculó sus ganancias y consiguió una sentencia de por vida.
México sigue sin explicar el capítulo inicial.No ha determinado públicamente quién llevó a “El Mayo” hasta la pista, quién custodió el sitio, quién asesinó a Cuén, quién permitió el despegue ni si hubo funcionarios que participaron, colaboraron o simplemente dejaron pasar la operación.
Dos años después, Zambada ya está sentenciado a morir en una prisión estadounidense.Sinaloa, mientras tanto, continúa pagando el costo de la manera en que fue entregado.
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