Ciudad de México., 28 de octubre de 2026.- Como parte de una serie de investigaciones sobre las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Causa en Común elaboró el informe “Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de los penales”, que analiza el abandono institucional, la precariedad del personal custodio, la sobrepoblación, el uso expansivo de la prisión preventiva o automática, las condiciones de internamiento y el fracaso en materia de amnistía.
Más que un sistema penitenciario, existe un conjunto de instituciones dispersas, sujetas a arreglos administrativos distintos, y con diferencias importantes en sus capacidades, recursos y marcos normativos. No existen registros públicos y sistematizados que permitan acceder a información completa sobre el personal custodio. En ninguna entidad se ha constituido un servicio profesional, y sólo en cuatro entidades las academias policiales capacitan en principio al personal para la función penitenciaria. En materia de seguridad social, sólo 20 entidades reconocen el derecho del personal custodio a percibir aguinaldo y contar con vacaciones, y sólo 19 contemplan seguros de salud y de retiro.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en septiembre de 2026 había 276,873 personas privadas de la libertad en el país: 88% por delitos del fuero común y 12% por delitos del fuero federal. La población penitenciaria del fuero común aumentó 47% entre 2018 y 2026, sin que se tomaran medidas para incrementar la capacidad del “sistema”, lo que ha ocasionado niveles históricos de sobrepoblación. Este incremento también está relacionado con el uso y abuso expansivo de la prisión preventiva oficiosa que, junto con el abandono de las fiscalías y la destrucción de un Poder Judicial independiente, contribuye al encarcelamiento de personas sin sentencia. En septiembre de 2026, 122,549 personas permanecían encarceladas sin sentencia, equivalentes al 44% de la población penitenciaria.
Por otra parte, no existen evaluaciones oficiales ni registros públicos actualizados que permitan conocer las condiciones de vida al interior de los penales. La última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del INEGI no ha sido actualizada desde 2021. En aquel entonces, sólo 3% de la población penitenciaria contaba con dormitorios individuales, mientras que 46% compartía celda con más de cinco personas y 55% pasaba entre 12 y 24 horas seguidas en sus celdas. A ello se suma la recurrencia de diversos tipos de violencia e incidentes graves, que evidencian la ingobernabilidad al interior de los penales. Entre 2022 y 2025, de acuerdo con la SSPC, se registraron 3,145 agresiones, 1,989 riñas, 339 suicidios y 47 homicidios en los penales del país.
En materia de amnistía, poco se ha avanzado para hacer de este mecanismo una alternativa accesible y efectiva para atender la sobrepoblación. Sólo 15 entidades cuentan con una ley de amnistía propia; mientras que, de los 2,395 casos examinados por la Comisión de Amnistía Federal hasta agosto de 2026, únicamente 18% ha podido acceder a ese beneficio. Así, mientras la amnistía pretende operar como un mecanismo para reducir el uso del encarcelamiento, en la práctica sus alcances se ven directamente anulados por la expansión de la prisión preventiva oficiosa.
Para revertir el abandono penitenciario, Causa en Común subraya la necesidad de recuperar el control de los penales, impulsar el desarrollo profesional del personal custodio, reducir el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, impulsar programas de salud y reinserción social, y desde luego incrementar presupuestos para hacer posible todo lo anterior.No existe
