El encuentro reunió a legisladores, especialistas y ciudadanía para enriquecer una iniciativa dirigida a los sectores de mayor vulnerabilidad
Hermosillo, Sonora; 14 de agosto de 2026.- Con el propósito de avanzar hacia un Sonora con mayor justicia social y asegurar que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan, la Comisión de Bienestar del Congreso del Estado realizó en Hermosillo el tercer foro de consulta ciudadana sobre la propuesta de Ley de Tarifa Social, un espacio de diálogo y participación para escuchar las aportaciones de la sociedad y fortalecer una iniciativa que busca convertir en derechos respaldados por la ley los beneficios destinados a los sectores de mayor vulnerabilidad.
La diputada María Eduwiges “Vicky” Espinoza Tapia, presidenta de la Comisión de Bienestar e impulsora de la propuesta, explicó que, mediante reformas a la Ley de Desarrollo Social, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la Ley de Hacienda del Estado y la Ley de Hacienda Municipal, se busca que las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y las familias en situación de pobreza extrema puedan acceder a servicios públicos estatales y municipales en condiciones más justas, equitativas y accesibles, mediante descuentos o tarifas preferenciales previamente establecidas.
Detalló que la propuesta plantea reconocer expresamente el derecho a recibir tarifas sociales en servicios públicos estatales y municipales; establecer la obligación de que el Gobierno del Estado y los ayuntamientos incorporen y transparenten estos subsidios en sus respectivas Leyes de Ingresos; definir reglas de operación claras para evitar la discrecionalidad y fortalecer la planeación y transparencia; así como facultar al Poder Ejecutivo para otorgar apoyos presupuestarios destinados a compensar los subsidios derivados de la aplicación de estas tarifas.
Durante el foro, la investigadora del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora (CIPES), María Dolores Murrieta Andrade, presentó información estadística sobre los grupos de atención prioritaria. Señaló que, de acuerdo con datos correspondientes a 2025, Sonora cuenta con una población proyectada de 3 millones 111 mil 704 habitantes. Entre los sectores considerados para la aplicación de tarifas sociales, destacó a la población de 65 años y más, que representa el 9.5 por ciento; las personas con discapacidad, con el 4.6 por ciento, de acuerdo con datos de 2020; y las personas en situación de pobreza extrema, que representan el 1.7 por ciento.
En el encuentro participaron el legislador federal Jacobo Mendoza Ruiz, así como las diputadas y los diputados locales Deni Gastélum Barreras, Claudia Zulema Bours Corral y Norberto Barraza Almazán, quienes coincidieron en la importancia de incorporar la tarifa social al marco jurídico estatal para brindar certeza al Gobierno del Estado y a los ayuntamientos en su aplicación, y evitar que estos beneficios dependan de decisiones temporales o discrecionales.
Asimismo, señalaron que reconocer la tarifa social como un derecho permitirá avanzar hacia mayores condiciones de equidad en los 72 municipios de Sonora, mediante criterios claros que otorguen certeza tanto a las autoridades responsables de su aplicación como a la ciudadanía.
Por su parte, la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, Guadalupe María Mendívil Corral, destacó la importancia de analizar integralmente las implicaciones de la propuesta dentro del marco jurídico estatal y municipal, particularmente en materia de gobierno, administración municipal y hacienda pública, a fin de construir disposiciones viables y aplicables que permitan beneficiar al mayor número posible de ciudadanos.
Finalmente, las y los asistentes compartieron propuestas y observaciones para fortalecer la iniciativa, destacando la importancia de consolidar políticas públicas con enfoque social que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población y favorezcan un acceso más equitativo a los servicios públicos.
